Por Christian Hiyane Yzena
Allí donde antes hubo carbón, ahora se encuentra un resort con un marcado colorido hawaiano que aprovechó las aguas termales del yacimiento para beneficiar al público. También hay un parque con un tema que lo identifica, Hula Girls, y hasta existe una película inspirada en la historia de cómo se fundó este centro de esparcimiento, condiciones que le valieron el Premio Deming en 1989, un reconocimiento de primer nivel en control de calidad.
Lo relevante es la manera en que los propietarios idearon cambiarle el giro para convertir en una importante plaza de confort a una zona altamente contaminada por el azufre. La reingeniería del lugar y la visión de sus fundadores convergieron para darle una cara totalmente distinta al yacimiento de carbón Joban, que a inicios del siglo XX abarcaba desde la ciudad de Hitachien (Ibaraki) hasta Tomioka (Fukushima), muy cerca a las costas del océano Pacífico.
El sector carbonífero terminó desplazado por los derivados de petróleo, lo que llevó a la empresa a cerrar las minas y, en algunos casos, liquidar los contratos de muchos de sus trabajadores, mientras que a otros los reubicó en los yacimientos de cobre de Hitachi, en los alrededores de la capital. Era 1960. No perdieron la fe ni la esperanza, ni abandonaron la zona que estaba invadida por la desidia y el desanimo. Después de varios procesos de cambios corporativos, surge lo que se conoce en Japón como Spa Resort Hawaiians, una empresa modelo.
La minería, como en cualquier parte del mundo, pasa por una serie de protocolos de seguridad y de estudios de impacto ambiental. El Perú es testigo de malas prácticas institucionales y en los últimos días hemos vivido en carne propia serios atropellos y atentados contra la naturaleza y el medioambiente.
El bombeo de tubos de petróleo por parte de Petroperú, el pedido de una nueva moratoria del plazo de liquidación de Doe Run y varios ejemplos de desastre ecológico de años atrás, nos llevan a la conclusión de que tanto los fiscalizadores como los fiscalizados carecen de un plan normativo transversal de oportuna e inmediata aplicación. Pero este no es un problema exclusivo de los peruanos.
No hace mucho, el embajador japonés Tatsuya Kabutan remarcó que su país estaba dispuesto a compartir sus experiencias en políticas sectoriales relacionadas al sector minero. Pero en estos casos hay que tener voluntad y un férreo acompañamiento del Estado.
La presencia Tokugawa
El Shogunato Tokugawa también tuvo una activa participación en la minería con el yacimiento de cobre Ashio, en Tochigi, desde el siglo XV, aunque la producción fue disminuyendo poco a poco después de alcanzar las 1500 toneladas al año. Cerró en 1800 y setenta años después Ichibei Furukawa la adquirió cuando el mineral obtuvo picos que bordeaban las 4000 toneladas, casi el 39% del cobre del Japón. La empresa afrontó denuncias y revueltas como consecuencia de la contaminación en 1907. Dejó de funcionar en 1973.
La mina de plata de Iwami Ginzan, ubicada en la localidad de Ohda, en la prefectura de Shimane, isla de Honshu, también estuvo bajo control del Shogunato Tokugawa como resultado de la batalla de Sekigahara, después de varios combates con otros señores de distintos feudos. Inició sus funciones en 1526 bajo la administración del comerciante japonés Kamiya Jutei; llegó a las 38 toneladas de plata por año, un tercio de la producción mundial a inicios del siglo XVII. La plata extraída era utilizada para producir monedas. Después, la extracción decayó y dejó de ser un negocio ventajoso.
Otra mina de cobre fue descubierta en la localidad de Niihama, prefectura de Ehime, en 1690, y fue explotada por más de 280 años. En total, gracias al trabajo de la empresa Sumitomo, se extrajeron cerca de 70 mil toneladas de cobre. Se trataba de la mina de Besshi, que sigue dando resultados. Otras minas que funcionan actualmente son las de oro, Sado en la prefectura de Niigata, plata y Ota en la prefectura de Shimane.
