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Urgen limitar inmunidad para que legisladores procesados respondan pronto a la justicia

El ex procurador anticorrupción, Iván Montoya, recomendó hoy restringir pronto los alcances de la inmunidad parlamentaria para que los legisladores procesados o involucrados en delitos de corrupción o de otra naturaleza respondan a la justicia con celeridad.

Consideró como un tema complicado el caso de la legisladora fujimorista Cecilia Chacón, que no asiste a la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, para la lectura de sentencia por supuesto delito de complicidad en enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.

“Ese un tema desafiante porque ella ya está en un segundo período legislativo y su presentación a los juzgados no será posible en la medida que no le levantan esa prerrogativa (inmunidad parlamentaria)”, opinó. 

Montoya, coordinador del Proyecto Anticorrupción del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, subrayó que la inmunidad parlamentaria debe ser utilizada solo para proteger a los congresistas por actos propios de su función y solo durante el periodo de su mandato.

La Fiscalía investiga a 12 legisladores por presuntos delitos que van desde el lavado de activos hasta el hurto agravado, pero dichos casos no pueden continuar en el Poder Judicial hasta que se les levante la inmunidad parlamentaria.

“Es necesario avanzar en reformas a la inmunidad parlamentaria para que sean más expeditivos los procesos de investigación preliminar por parte de los fiscales, y no tengan que estar pasando por todo el trámite parlamentario, de comisiones, y votos en mayoría”, anotó.

Agregó que la restricción de la inmunidad parlamentaria agilizaría las investigaciones fiscales en delitos comunes y corrupción de funcionarios que involucran a algunos legisladores.

“Debería dejarse carta libre para que el sistema penal funcione rápidamente en este tipo de casos”, manifestó. 

Montoya remarcó que para avanzar en la lucha contra la corrupción también se debe aprobar la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción de funcionarios.

Refirió que si las bancadas no alcanzan el consenso necesario para aprobar esa propuesta, se deben buscar otras alternativas, como cambiar el plazo de prescripción de casos. (Andina)