Por Christian Hiyane Yzena

Los jueces no profesionales o escabinos, que trabajan dentro del sistema judicial japonés y cuentan con poder de decisión en procesos que devienen en una sentencia de pena de muerte, le han pedido al ministro de justicia Sadakazu Tanigaki que suspenda de manera inmediata esta medida extrema y se aboque a brindar mayor información sobre las ejecuciones.  

Veinte personas que sirvieron como jueces legos, como también se les conoce a los no profesionales, elevaron el documento en febrero último y expertos en materia judicial han coincidido en puntualizar que debería ser sometido a revisión por las autoridades. Varios de ellos han participado con su opinión en las sentencias de la pena capital en los últimos veinte casos deliberados.

Según The Japan Times, estos se enfrentan a «presiones graves y dilemas morales» al momento de dictar una sentencia, especialmente cuando concluyen que los ejecutados carecen de las «revelaciones apropiadas de información o la opinión pública en general de debates nacionales sobre la pena de muerte».

Los expertos legales afirman que se impone demasiada carga sicológica sobre ellos durante los ensayos que pueden resultar en la pena de muerte y sugieren que en los juicios que se prolonguen por más de un año se les inhiba de seguir participando. Aunque por el momento es improbable que el ministerio del sector lo tome en cuenta ante el déficit de jueces nombrados.

Desde hace cinco años, el Ministerio de Justicia de Japón implantó un sistema en la que los ciudadanos elegidos al azar trabajan con los jueces para conocer y dictar sentencias en los juicios penales. El objetivo fue involucrar a los miembros de la sociedad civil en la administración de justicia del país.

Aún subsisten muchos temas que se necesitan corregir para que el sistema avance fluidamente. Las leyes deben de contar con un procedimiento que sea «claro y fácil» para simplificarles la vida a los jueces lego que de acuerdo al Tribunal Supremo sumaron 7,698 personas.

El 66.6% manifestó que la información que recibió fue «fácil de entender», un porcentaje inferior al 70.9% con que se iniciaron los estimados en el 2009. El Consejo Legislativo del Ministerio de Justicia concluyo que aún los procesos penales se concentran en la parte documental como los testimonios y las pruebas orales. 

Para los expertos, se trata de un proceso inútil que debería eximirse y permitir que el testimonio sea escuchado en el mismo tribunal y que los jueces de carrera y los legos dicten sus fallos de acuerdo a su propio análisis.

La llamada «gran reforma del sistema procesal penal» que se ha ejecutado sin dificultades hasta el momento con un saldo positivo  es parte del propio esfuerzo que han puesto los jueces legos en su desempeño. Desde el 2009 un total de 36 000 personas han servido como escabinos y otros 12 000 fueron designados como reemplazantes de seguridad. 

Hasta fines de febrero un total de 6392 personas fueron juzgados en tribunales distritales con la participación de los jueces lego y 6222 de ellos fueron declarados culpables. Dentro de esta cifra están incluidas las 20 personas que recibieron la pena de muerte.