Por Christian Hiyane Yzena

Áncash parece haberse convertido en la suma de todos los males del país: sicariato, poder, influencias políticas, corrupción, impunidad y miedo. Nada como antes se pareció tanto a lo que representa ahora. Peor aún, cualquier observador puede concluir que no sólo es la acumulación de lo más execrable sino el vivo ejemplo de lo que sucede cuando hay abandono, poca autocrítica y falta de reflejos del gobierno. 

Aparentemente a las autoridades oficiales poco les interesó lo que ocurría en esa parte del Perú. Tanto que a muchos de nosotros que vivimos en la capital, embalsados de problemas a diario que guardan características similares con las de ellos, el tema también nos resultaba demasiado lejano.    

Llama la atención que habiendo el Congreso de la República citado al presidente regional César Álvarez Aguilar por estar involucrado probablemente en el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, la investigación no se haya iniciado ipso facto y haya demorado algunas semanas. Tampoco declaraciones en clave de advertencia para respaldar a la ciudadanía ancashina. Sobretodo porque no era la primera vez que habían atentado contra su vida. Hace cuatro años fue baleado en extrañas circunstancias donde además su hijo perdió la vida. Se conocía también de una lista negra de la que formaba parte junto a varias personas más.

¿Fue necesaria la pérdida de una vida humana para que las instituciones calibren sus investigaciones?  Es poco probable. Como en otros casos, la fuerza de la opinión pública es la que termina por forzar al gobierno a iniciar alguna investigación. Declaraciones de monseñor Luis Bambarén o la exposición mediática de Fiorela Nolasco, la hija de Ezequiel, que describió a Álvarez de «monstruo», podrían haber removido a las altas autoridades.

Porque que el Gobierno termine siendo el culpable de lo que sucedió con Nolasco en cuanto a este caso exclusivo no puede percibirse como justo. La responsabilidad va más por el lado de la seguridad ciudadana, por un sistema y una política integrada que involucre a autoridades, policías y civiles. Y a partir de allí ser más selectivo en los casos que ameriten una investigación. Uno de ellos debió ser el del exconsejero, sin duda.

Como no existen iniciativas multisectoriales al respecto y la participación del presidente Ollanta Humala dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad es nula —la propia alcaldesa Susana Villarán se ha agazapado en esta excusa para quitar el cuerpo en torno al tema del asesinato del hincha de Universitario—, la población en general se siente disminuida y a merced de las fauces de la delincuencia. El alarmante aumento de las cifras de víctimas es apenas la coraza de tanta incapacidad oficial.

El asesinato de la abogada Geiddy Milagros Aponte Roque en Casma, defensora de peligrosos delincuentes, es el último eslabón de esta larga cadena de criminalidad que tiene todos los visos de un sicariato desbordado con impunidad. Los periodistas son parte de la famosa lista negra junto a jueces y hasta del mismo decano del Colegio de Abogados de Áncash. Las investigaciones de los medios de comunicación se ven seriamente disminuidas por presiones de toda índole que van desde querellas judiciales a amenazas contra la propia vida. Una pena.

En medio de todo esto, se anuncia la llegada de la comisión de fiscalización que preside Vicente Zeballos a Chimbote mañana lunes. Junto a ellos participarán en esta sesión el contralor Fuad Khoury Zarzar y el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea. El objetivo: acciones de control y fiscalización. Bueno, nunca es tarde si se trata de preservar la vida de más inocentes y de dejar sentado el principio de autoridad en medio de tanta acefalia.