Por Christian Hiyane Yzena

Mientras en otros lugares las autoridades estudian la manera de evitar que se repitan desgracias como la de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que dejó 33 muertos y 121 heridos, en el país seguimos discutiendo sobre la conveniencia o no del ingreso de empresas transnacionales a explorar nuestros recursos minerales.

La apertura del diálogo entre el primer ministro Juan Jiménez y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que se congeló después de una dura pugna política por el Proyecto Conga que no prosperó, ha agitado nuevamente el ambiente de las inversiones extractivas en el Perú.

Curiosamente la decisión de reiniciar el diálogo partió del propio Santos, pero no necesariamente para hablar de Conga —tema del que no se discutió nada tal como lo confirmara el dirigente a su salida de la sede del Consejo de Ministros—, sino de la necesidad del incremento del presupuesto que el Estado debe de entregar a Cajamarca por 280 millones de soles. «Cuarenta millones que se requiere con urgencia para la inversión en riego y el resto electrificación rural y carreteras», acotó.

En medio del retorno de viejos temores y el rompimiento de la tranquilidad pública como consecuencia  de las agitaciones sociales que Santos perpetró el año pasado, es que la noticia ha vuelto a las primeras planas de los diarios. Probablemente se rompa la tregua y el Gobierno tenga que revisar la estrategia que ha implementado para este caso.

La gestión Shinno
Una de las medidas que van esa dirección, es la que tiene a su cargo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de su viceministro, Guillermo Shinno Huamaní. Desde hace un año, su despacho se encuentra en un proceso de formalización de 27 000 mineros artesanales interesados en trabajar legalmente.

«Un punto clave es que los mineros lleguen a entablar algún tipo de acuerdo con los dueños de las concesiones mineras que han sido invadidas u ocupadas. En ese sentido, son muchos los propietarios que han expresado ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las Direcciones Regionales de Minería (DREM) su voluntad de querer firmar convenios con los mineros informales», señaló.

El caso no es tan sencillo. Según Shinno, han recibido hasta la fecha 77 723 declaraciones de compromiso de formalización de mineros informales, pero no todos pasarán a serlo debido a que sólo los titulares de 649 concesiones han expresado su deseo de pactar con ellos. «En estas concesiones trabajan de manera informal 26 601 individuos. Estamos hablando de casi 27 000 mineros artesanales que tienen todo expedito para formalizarse», agregó a un medio local.

De acuerdo a cifras que maneja el Minem, existen unos 100 000 mineros artesanales, pero la cifra es bastante conservadora. De todas maneras llegar a que un 77 por ciento guarde el deseo de formalizarse y un 30 por ciento esté en condiciones de serlo, es un logro que merece destacarse. Arequipa, Ayacucho y Puno concentran el mayor número de mineros que quieren formalizarse.

¿Qué viene ahora?
El viceministro sostiene que ahora hay que sacar los contratos de explotación para que luego los mineros artesanales presenten sus instrumentos ambientales correctivos. Después pasarán a ser parte del marco legal.

Shinno Huamaní dijo que tienen un año más para concluir con la etapa de formalización. Después del plazo establecido, aquel minero que no siga los pasos dictados por el Gobierno «será considerado minero ilegal y estará sujeto a represión e interdicción por parte del Estado».

Mencionó que la ley no ha buscado en ningún momento generar más informalidad sino reconocer a los mineros que venían trabajando de forma artesanal y que después de concluida la etapa de formalización le corresponderá a cada gobierno regional fiscalizar estas irregularidades.

Ahora Cañaris
Otros funcionarios del Estado, principalmente de los ministerios de Ambiente y Cultura, se sumarán al diálogo con los comuneros de Cañaris (Lambayeque) a raíz de las protestas contra el proyecto minero Cañariaco de la empresa Candente Cooper, señaló el comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc.

En esta zona, un grupo de dirigentes de San Juan de Cañaris solicitaron al Gobierno observar el tema minero ambiental. Hasta el momento se ha planteado un paquete de 100 millones de soles para destinarlos en educación, transporte y salud. Sin embargo, los pobladores de la comunidad no levantarán el paro que sostienen en contra del proyecto en mención.

A fines de enero, un grupo de manifestantes en contra del proyecto que lleva adelante Candente Cooper bloqueó la carretera de acceso al campamento minero Cañariaco, en la zona de Marayhuaca, distrito de Incahuasi, Lambayeque, enfrentándose a un contingente policial.   

Inicialmente se manejó la versión de la existencia de dos muertos, lo que después fue desmentido por el propio Huaroc que confirmó que sólo hubo dos heridos por los gases lacrimógenos y las balas de goma que utilizaron los efectivos del orden.