El Estado lleva adelante las acciones judiciales correspondientes para cobrar los más de 3,800 millones de nuevos soles que adeudan por reparación civil los condenados por terrorismo, afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

Explicó que el procedimiento que se sigue es el mismo aplicado a cualquier deudor del Estado, en ese sentido, las autoridades judiciales deben proceder con los embargos, acciones de remate y otras que correspondan.

“Ya hemos publicado el día viernes la relación de los principales deudores terroristas del país, y ya tenemos la cifra además completa que es más de tres mil 800 millones de nuevos soles”, declaró.

Subrayó que las acciones están encaminadas a conseguir que esas personas paguen efectivamente al Estado el monto de las reparaciones civiles determinadas.
Jimenez Mayor formuló estas declaraciones durante la ceremonia por el Día de la Resocialización, que bajo el lema “Generando oportunidades de cambio en las personas”, se llevó a cabo en el penal Virgen de Fátima, en Chorrillos.

“Es importante que todos sepamos que la cárcel si bien es cierto es un lugar de encierro, también es un lugar de oportunidades para la gente que se ha equivocado y las personas que quieren cambiar”, enfatizó.

Al respecto, dijo que según la Constitución, la función de la pena es la resocialización, y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) es el encargado de colaborar en esa tarea.

“Hay un nuevo concepto en el Inpe en este momento que es el nuevo penal escuela taller que se esta realizando, y el penal de Fátima es uno de los penales modelo en ese sentido junto con el penal Ancón II”, anotó.

El Inpe ejecuta el programa Creo, dirigido a internos de 18 a 35 años, cuyo objetivo es aplicar un enfoque integral de tratamiento que permita al interno reflexionar sobre su modo de vida y evitar reincidencias, para lo cual se realizan actividades motivacionales y de capacitación en labores productivas.

En tanto, con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) se inició la implementación de estrategias para la intervención del consumo de drogas en la población penal.