El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gastón Soto Vallenas, afirmó hoy que el estado de emergencia, declarado en tres provincias de Cajamarca, es un mecanismo contemplado por la Constitución para resguardar el estado de derecho en el país.

“Lo ocurrido en Cajamarca es un tema que preocupa, y el estado de emergencia está previsto en la Constitución porque forma parte de los regímenes de excepción, que son dos: el estado de emergencia y el estado de sitio”, precisó.

Recordó que el Poder Ejecutivo se encarga de evaluar las condiciones que vive determinado sector del país para decretar un estado de emergencia, y mencionó que ello ocurre cuando existe “una grave alteración del orden interno”.

Según el artículo 137 de la Carta Magna, el estado de emergencia se decreta en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

Una turba de manifestantes atacó ayer la municipalidad provincial de Celendín, en la región Cajamarca, en protesta contra la ejecución del proyecto minero Conga, cuyo corolario fue la muerte de tres personas.

“Esa clase de movilizaciones debe manejarse con mucho criterio y racionalidad, porque (…) puede generar reacciones y hechos como los ocurridos en Cajamarca”, lamentó Soto Vallenas.

Agregó que Ministerio Público y el Poder Judicial deberán investigar en su momento el grado de responsabilidad en los involucrados y determinar el castigo que el marco legal contempla.

El jurista confió en que la Fiscalía, por lo pronto, haya iniciado de oficio una investigación para indagar la circunstancia de las tres muertes ocurridas en Celendín.

“Todos los casos en que se atenta contra la vida, la salud, contra el orden, definitivamente el Ministerio Público y los órganos competentes, comenzando por la propia Policía, deben tener la iniciativa de investigación. Imagino que el Ministerio Público, a través de las autoridades competentes y en los niveles que corresponden, ya debe estar interviniendo”, comentó.

Finalmente, el titular del Consejo Nacional de la Magistratura consideró necesario un mayor debate técnico y jurídico de la iniciativa legal para declarar la vacancia de un presidente regional por promover marchas de protesta.

“Hay que analizarlo bien, porque la coyuntura rápidamente identifica a algunas personas y podría convertirse en una ley con nombre propio”, acotó.