El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, destacó la puesta en vigencia hoy del nuevo delito de minería ilegal porque permitirá al Estado combatir una actividad que depreda el medio ambiente y genera diversos delitos conexos.

“Es una herramienta jurídica muy importante para la estrategia del Gobierno en la lucha contra la minería ilegal. Es un delito nuevo que se ha incorporado al Código Penal y va a permitir que se pueda combatir el delito en esta materia”, aseveró.

Jiménez Mayor agregó que dentro la estrategia contra esa actividad extractiva ilícita, se otorga un plazo a las personas para que puedan readecuarse e incluso existe la posibilidad de negociación con la fiscalía para que puedan incorporarse a otras labores legales.

Por ello, invocó a todas las personas involucradas en la extracción de minerales al margen de las disposiciones legales a que se acojan al nuevo marco legal, para así dejar de dañar el ecosistema y puedan aportar al fisco con el pago de tributos.

El delito de minería ilegal fue establecido en el decreto 1102 que contempla penas de hasta 10 años de cárcel para sus modalidades agravadas que incluyen la contaminación en áreas naturales protegidas, contamina ríos o emplea a menores de edad.

La pena se eleva a 12 años de prisión para quien financia esos hechos.
De otro lado, el titular de Justicia aseguró que es apócrifo y falso un documento difundido por algunos medios periodísticos, sobre el presunto traslado de internos al penal civil Virgen de la Merced.

“Ese documento que ha sido visto en los medios, es un documento falso. El Ministerio de Defensa entiendo que se va a pronunciar, si es que no lo ha hecho ya, de ese documento no es cierto, configura además información errada”, subrayó.

Lamentó que se pretenda presentar a la opinión pública un hecho que no responde en lo absoluto con la realidad,

Según los medios, se trataba de un informe de inteligencia militar sobre los presuntos beneficios que supuestamente goza el interno Antauro Humala en el penal Virgen de la Merced, y que incluso contaba con un “secretario”.

“La persona que se comenta no se encuentra en este momento en el penal Virgen de la Merced (…) En el penal Virgen de la Merced no hay ningún privilegio y no lo vamos a permitir”, aseveró tras presentar el la fase de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. (Andina)