El Estado como tal, amparado por un sistema de leyes y un ordenamiento jurídico, tiene la obligación de defender a los ciudadanos en casos de que sus derechos se vean violentados o trasgredidos. Bajo esa consigna, debe de contar con instituciones tutelares que garanticen el bienestar de la población. Cuenta para ello con recursos provenientes del trabajo de los propios ciudadanos y que se recaudan a través de tasas impositivas. Se estima que el Estado debe de gobernar para todos —y no para unos cuantos— y dictar las políticas necesarias para garantizar dicha armonía.

Desde esa perspectiva, lo que se busca es consensuar y no dividir, menos generar enfrentamientos mediante políticas sin tomar en cuenta las opiniones de los afectados. Para hoy se ha convocado a una marcha contra la llamada «ideología de género», que el Ministerio de Educación acaba de incluir dentro del currículo nacional. Hace unos días, la titular del sector Marilú Martens fue duramente criticada cuando asistió a la Comisión de Educación del Congreso al defender la posición de su portafolio, que insiste en una educación basada en la libertad y tolerancia entre los niños desde la escuela, con la idea de evitar prácticas como la discriminación y la homofobia.

«No pretendemos que la escuela sea un lugar hostil para ningún niño o niña porque son diferentes, porque tienen un aspecto físico diferente, una opción diferente; al contrario, valoramos las diferencias y esos son los siete enfoques (del currículo)», precisó la ministra. 

Para sus detractores, se trataría de una medida extrema que ha fracasado en otros países y cuyo único objetivo es confundir a los escolares alentando identidades de género equivocadas. Para quienes la apoyan, se trata más bien de una decisión de política transversal, encaminada a la igualdad de género. Las mismas oportunidades para todos y todas.

El fin de toda gestión gubernamental es la de crear un ambiente que pueda ser compartido por las mayorías. A la abogada Beatriz Mejía, especialista en Derecho Constitucional, la forma en la que Martens desarrolla su trabajo no le gusta. «Pido la renuncia de la ministra por el bien de la educación peruana porque ha venido mintiendo al país y cometiendo delito contra la fe pública», advierte. Frente a una polemista, la letrada no sabe explicar en qué parte del plan curricular dice «identidad de género». 

Gloria Huarcaya, del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, cita en una columna de su autoría en El Comercio que el género es un ‘conjunto de influencias externas a las personas que impactan sobre su identidad sexual’.

En pocas palabras, estamos hablando de factores que provienen de la experiencia personal que cada quien desarrolla en su vida, independientemente del sexo. «La identidad de género supone una autodenominación en función de una percepción subjetiva de la propia identidad. El concepto se aleja de lo exclusivamente biológico para contemplar variantes, y es por eso valioso», subraya María Pía Costa, presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. En suma, hay una mala utilización de este concepto que esconde más bien interpretaciones de tipo religiosas que, por muy respetables que estas sean, no tienen por qué manejar las políticas educativas que lleva adelante el Gobierno. 

Mal harían los seguidores de un determinado grupo en imponer sus ideas en desmedro del resto. Características de este tipo pintan de cuerpo entero las marcas de intolerancia que tienen como causa común, más aún, si proviene de alguna doctrina religiosa que actualmente debería alejarse del fundamentalismo.