En medio del escándalo Odebrecht y del último testimonio de Jorge Barata involucrando a Ollanta Humala y Nadine Heredia —en plena campaña presidencial del 2010— con la entrega directa e indirecta de tres millones de dólares, las investigaciones de la Fiscalía apuntan en esta ocasión a Keiko Fujimori por medio de tres frentes: las denuncias contra Hiro, Sachie y Kenji por el crecimiento de capital social de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), hoy Integrated Global Logistic (IGL); la citación por el caso del gasoducto del Sur; y la inclusión de ella en la investigación por lavado de activos que se le sigue actualmente al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

No sorprenden estas acciones del Ministerio Público en un país acostumbrado a la guerra sucia. Nadie daba por descontado algún movimiento de los opositores para orquestar una campaña que termine por meter en el mismo saco a todas las tiendas políticas, convirtiendo al descredito en cosa común. Hoy es evidente que la compra de honras y dignidades ha terminado por sepultar a la clase política, esa que Alberto Fujimori desmoronó modificando los patrones clásicos que hasta entonces habían seguido a pies juntillas: manifestaciones populares, verborrea edulcorada y pobre efectividad en las políticas públicas. 

Con el expresidente en la cárcel, lo que se busca ahora es coartar a la lideresa del fujimorismo a cualquier precio. Que estas citaciones y denuncias se produzcan en estos momentos en que acaba de surgir una tregua para lo de Odebrecht (ahora se habla más del «Asesino de Independencia»), no ha impedido que surja lo de Limasa y lo del Gasoducto del Sur. Peor aún cuando lo de Joaquín Ramírez ya suena a burla: la validez de un supuesto audio del testigo Jesús Vásquez de cuya existencia nadie conoce. Ni siquiera la DEA, que reveló que nadie estaba investigándola a ella, para ponernos más serios.

No se está poniendo en entredicho la participación de la justicia en casos que ameritan investigación preliminar. Son las circunstancias en las que, ¡oh sorpresa!, estas se abren. Quien mejor ha sintetizado este momento es el congresista por Acción Popular Yonhy Lescano, al precisar que la investigación a Joaquín Ramírez le parece favorable por «la coyuntura de limpieza pública de la política». Para cerrar el círculo tenemos la ampliación de extradición del expresidente Alberto Fujimori por la Corte Suprema de Chile, a solicitud del Poder Judicial del país que data del 31 de diciembre del 2015.

«Este tema viene de varios meses atrás y sale justo ahora en este combo de titulares orquestado contra nosotros. Y el día de hoy (se refiere al último miércoles) la noticia de ampliar el proceso de extradición contra mi padre. ¿Otra coincidencia?», dijo la lideresa de Fuerza Popular en un video que subió en su cuenta de Facebook. En el partido lo tienen claro: son señales de desesperación y de angustia ante el escándalo regional Odebrecht, que empieza a soltar sus tentáculos gracias a las delaciones anticipadas de Jorge Barata y otras personas cercanas a la empresa inmobiliaria brasileña y que están siendo expuestas en las primeras planas de los medios de comunicación. 

Ante ello, Keiko Fujimori ha reiterado que esta campaña sucia no impedirá que, desde el Congreso y desde su posición como opositora del Gobierno, se siga luchando contra la corrupción que se encuentra esparcida en todos los estamentos del Estado peruano y que «calmen sus miedos saliendo a decir la verdad a nuestro país», afrontando sus responsabilidades. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, también ha sido enfático en calificar como «una campaña montada contra el fujimorismo», lo que se viene reproduciendo con envidiable celeridad. La cadena española de noticias EFE reveló que a la aspirante a la presidencia de la república se le inició una investigación por la presunta comisión de un delito de lavado de activos en agravio del Estado dispuesta por la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos. 

Según el medio, existen sospechas de que Keiko Fujimori le entregó a Joaquín Ramírez 15 millones de dólares para que los blanqueara a través de la cadena de grifos que posee con el objetivo de que con ese dinero se pueda financiar la campaña electoral del 2011 (hace seis años). El asunto de Limasa reverdeció a raíz del desproporcionado crecimiento de su capital social, según Mario Mejía de El Comercio, «recurriendo a la modalidad de capitalización de deudas con empresas que también estaban vinculadas a los hijos del expresidente Fujimori». Y sobre lo del Gasoducto del Sur, la lideresa de Fuerza Popular está en calidad de testigo.